La Comisión de Presupuesto encendió focos rojos y lanzó advertencia directa a bancos, calificadoras y autoridades: en Nuevo León se está operando sin Tesorero formal, y eso tiene consecuencias legales.El Gobernador dejó correr el plazo constitucional de 90 días para proponer al Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado y simplemente no cumplió. El tiempo se venció y no hay propuesta sobre la mesa.Ante ese incumplimiento, la Comisión de Presupuesto del Congreso no se quedó callada y mandó oficio a todo el sistema financiero: Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria, Auditoría Superior, bancos comerciales y de desarrollo, y calificadoras como Fitch, Moody’s, S&P Global, HR Ratings y PCR Verum.El mensaje es claro: cuidado con lo que validan.El documento señala que el plazo venció el 1 de abril y hoy hay un vacío en la titularidad de la Hacienda estatal. No hay responsable formal como lo marca la ley.Y lo dejan sin rodeos: el manejo del dinero público le corresponde a un Secretario de Finanzas y Tesorero General designado conforme a la Constitución, no a un encargado improvisado.Ese cargo no se llena a dedo ni por ocurrencia. Requiere aval del Congreso. Sin eso, no hay sustento legal.Por eso, la Comisión fue directa con las instituciones financieras: no se deben permitir operaciones que no estén firmadas por un titular legalmente designado por el Congreso.Y mientras el Ejecutivo siga sin cumplir, la única firma válida para operaciones financieras es la del propio Gobernador.También advierten el riesgo: validar movimientos sin un responsable formal puede tener implicaciones legales dentro del sistema financiero.Con este oficio, el Congreso fija postura y exhibe el incumplimiento del Ejecutivo: no ha hecho su trabajo y dejó a la Hacienda estatal en un limbo legal.
