Nuevo León endurece castigo por vehículos arrendados no devueltos
Retener un vehículo rentado para desmantelarlo, venderlo con documentos falsificados o comercializar sus autopartes ya tendrá consecuencias penales en Nuevo León, luego de entrar en vigor una reforma que tipifica estas conductas como robo equiparado.
La modificación, impulsada por el diputado local de Movimiento Ciudadano, José Luis Garza, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado y busca cerrar un vacío legal que permitía a algunas personas obtener unidades mediante contratos de arrendamiento y, posteriormente, no devolverlas para incorporarlas al mercado ilegal.
De acuerdo con el legislador, este esquema no solo ocasionaba pérdidas económicas a las empresas arrendadoras, sino que también terminaba afectando a ciudadanos que, sin conocer el origen de los vehículos o autopartes, los adquirían con documentación alterada creyendo realizar una compra legítima.
Durante la presentación de la reforma, representantes de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe), integrantes de Movimiento Ciudadano y autoridades de la Fiscalía General de Justicia coincidieron en que la nueva legislación fortalece la protección patrimonial y ofrece mayores herramientas para combatir este tipo de fraude.
El presidente de la AMAVe, Fernando Noriega, sostuvo que la reforma coloca a Nuevo León como una referencia para otras entidades al establecer un marco legal que dificulta el uso del arrendamiento vehicular como mecanismo para cometer delitos, por lo que llamó a otros congresos estatales a impulsar medidas similares.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia destacó que la modificación es resultado del trabajo conjunto entre autoridades, legisladores y el sector privado, al considerar que las reformas construidas con consenso permiten responder con mayor eficacia a las necesidades reales de la sociedad.
Con la entrada en vigor de esta disposición, las autoridades buscan frenar una práctica que en los últimos años ha provocado pérdidas millonarias a las empresas de arrendamiento y ha dejado a compradores de buena fe involucrados, sin saberlo, en operaciones relacionadas con vehículos robados.
