El Congreso de Nuevo León decidió judicializar el conflicto con el Gobierno estatal y presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la forma en que fue publicado el Decreto 340.La diputada Itzel Castillo Almanza, presidenta del Legislativo, acudió a la Ciudad de México para formalizar el recurso, luego de que una resolución reciente dejara abierta la puerta para impugnar ese acto.El reclamo gira en torno a que el Ejecutivo no difundió completo el decreto emitido por el Congreso, correspondiente al 19 de febrero de 2016, por lo que ahora buscan que la Corte determine su invalidez.Sobre el proceso, se prevé que en un par de semanas se defina si el caso es admitido. De ser así, el Gobernador tendría un plazo de 30 días para responder. Bajo los tiempos que ha manejado el máximo tribunal, el asunto podría resolverse en alrededor de cuatro meses antes de pasar al Pleno.El decreto en disputa establece reglas para poder proceder contra el titular del Ejecutivo en casos de corrupción y contempla mecanismos para actuar cuando existan omisiones en su función.También fija límites a la intervención del Gobernador en decisiones como la designación del Fiscal y de integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa.Además, incluye medidas para evitar prácticas como frenar la publicación de decretos ya aprobados por el Congreso o retener recursos que corresponden a los municipios.
