La diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, puso sobre la mesa una reforma que apunta directo al manejo discrecional del dinero público: tipificar como delito la “remuneración ilícita” dentro del servicio público en Nuevo León.La iniciativa, presentada ante la Oficialía de Partes del Congreso local, propone modificar el Código Penal para castigar con penas que van de tres meses hasta 14 años de prisión a quienes autoricen, soliciten o reciban pagos fuera de la ley, es decir, sueldos que no estén contemplados en un organigrama oficial o que no tengan sustento legal.El planteamiento no se queda en lo general. Armida Serrato Flores señaló que la propuesta surge ante prácticas que, asegura, se han vuelto recurrentes en la administración estatal: asignación de salarios elevados —de hasta 100 mil pesos o más— a ex funcionarios que, aun después de dejar el cargo, siguen cobrando dentro del gobierno bajo figuras administrativas cuestionables o en posiciones que no existen formalmente.“Acabo de presentar una reforma al Código Penal para establecer que todos aquellos sueldos que el gobierno o el Estado pague y no están en ley o no se encuentran en un organigrama aprobado, sean considerados ilegales con sanciones que podrían ser desde los tres meses hasta los 14 años de pena en la cárcel”, expuso la legisladora.Como parte de sus argumentos, mencionó casos específicos dentro del gobierno estatal, como el de Javier Navarro, quien tras dejar la Secretaría General de Gobierno fue reubicado en otra posición. También hizo referencia a Sofialeticia Morales, señalando que tras su salida del cargo apareció en una nueva coordinación que, según la diputada, no estaba contemplada dentro de la estructura oficial.La iniciativa contempla la creación de un Capítulo VIII denominado “Remuneración Ilícita”, con la adición de los artículos 223 Ter y 223 Ter I al Código Penal. En estos se establecen sanciones diferenciadas dependiendo del monto del beneficio económico indebido, y se deja claro que la responsabilidad no se limita a quien autoriza el pago, sino que alcanza a toda la cadena: quien lo gestiona, quien lo aprueba y quien lo cobra.El trasfondo de la propuesta apunta a un problema estructural: el uso de recursos públicos sin controles efectivos. La legisladora recordó que desde 2018 existe un mandato constitucional que obliga a que todas las remuneraciones de los servidores públicos estén debidamente reguladas, pero sostuvo que en la práctica esa disposición ha sido ignorada en distintos casos.“Es importante dejar claro que la responsabilidad no debe recaer únicamente en los niveles más bajos. Esta reforma busca que se investigue y sancione a todos los involucrados en la cadena de decisiones”, advirtió.Más allá del debate legislativo que vendrá, la iniciativa abre un frente directo sobre la forma en que se asignan y justifican los sueldos dentro del gobierno estatal. El mensaje es claro: cerrar espacios a pagos irregulares, frenar simulaciones administrativas y obligar a que cada peso que salga del erario tenga sustento legal.El llamado final es a respetar el marco jurídico vigente y reforzar principios básicos que hoy están bajo cuestionamiento: legalidad, transparencia y uso correcto de los recursos públicos en Nuevo León.
