Armida Serrato escaló el conflicto financiero de Nuevo León hasta el Gobierno federal: el estado está por recibir participaciones sin tener un Tesorero nombrado conforme a la Constitución, por lo que presentó un oficio ante la Secretaría de Gobernación, dirigido a Rosa Icela Rodríguez, para advertir que el envío de recursos federales podría darse en un escenario irregular: no existe un Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado con aval del Congreso.El señalamiento no es menor. El 31 de diciembre de 2025 renunció Carlos Garza Ibarra al cargo. A partir de ahí, el Gobierno del Estado dejó a Ulises Carlín como encargado de despacho. La Constitución local es clara: el Ejecutivo tenía 90 días para enviar una propuesta al Congreso y formalizar el nombramiento.Ese plazo se venció el 31 de marzo. No hubo propuesta. No hubo nombramiento. No se cumplió la ley.Con ese escenario, Serrato advierte una “delicada situación”: el encargado de despacho ya no tiene facultades legales para ejercer funciones clave en la administración de las finanzas públicas. Aun así, el estado sigue operando y está por recibir recursos federales.En el oficio lo plantea de forma directa: en el contexto de las próximas participaciones, se debe poner especial atención porque quien hoy está al frente de la Tesorería no está legitimado para manejar esos recursos.El problema de fondo es estructural: la Constitución exige un proceso formal con aprobación del Congreso. Sin ese paso, cualquier decisión financiera relevante queda en entredicho jurídico.Y no es un tema aislado. Nuevo León es uno de los estados con mayor nivel de endeudamiento, pero también con alta generación de ingresos. La ausencia de un responsable legal en la Tesorería no solo es una omisión administrativa, es un riesgo para la validez de operaciones, manejo de recursos y control interno.La legisladora llevó este señalamiento directamente a las oficinas de SEGOB en Cintermex, donde expuso toda la cronología: renuncia del titular, nombramiento provisional, omisión del Ejecutivo y vencimiento del plazo constitucional.El cierre del oficio es institucional, pero el mensaje es claro: el Gobierno de México ya está advertido de que Nuevo León puede estar recibiendo y administrando recursos públicos sin un responsable legalmente designado.El fondo es simple: el Ejecutivo dejó correr el plazo, no cumplió con la Constitución y hoy mantiene a la Hacienda estatal en una zona de incertidumbre jurídica.
