Las marchas del 8 de marzo deben desarrollarse sin abusos policiales ni decisiones improvisadas. Esa fue la exigencia central de la diputada local Armida Serrato Flores, quien pidió que el operativo de seguridad se ejecute con apego estricto a la ley y a los protocolos vigentes.Desde su posición en el PRI, la legisladora planteó que la Secretaría de Seguridad Estatal debe transparentar toda la planeación: quién encabeza el operativo, cómo se organiza la cadena de mando, cuántos elementos participarán y con qué equipo se desplegarán. Sin claridad, advirtió, aumenta el riesgo de abusos.Para Serrato, el 8 de marzo no es un acto simbólico ni protocolario. Es una jornada de exigencia frente a la violencia que viven las mujeres en México, incluida la realidad que enfrenta Nuevo León.Las cifras respaldan el señalamiento. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en 2025 fueron asesinadas 2 mil 795 mujeres en el país, y 721 de esos casos se investigaron como feminicidio.A nivel estatal, el año cerró con 99 mujeres asesinadas, pero sólo el 15% de los expedientes fueron clasificados bajo ese delito.Con ese panorama, la diputada sostuvo que no se puede hablar de avances mientras continúen los asesinatos y mientras haya mujeres que ni siquiera se sientan seguras al ejercer su derecho a manifestarse.Su postura es concreta: el 8M debe permitir que las mujeres salgan a las calles sin miedo. La prioridad, dijo, es garantizar su seguridad y sus derechos, no contenerlas ni reprimirlas.
