El desempeño simultáneo de Ulises Carlin como encargado del despacho de la Tesorería estatal y como consejero jurídico del Gobernador será revisado por autoridades fiscalizadoras y anticorrupción, luego de que el Congreso aprobara solicitar una investigación sobre la legalidad de ambas funciones.
Carlos de la Fuente, coordinador del PAN en el Congreso, presentó el exhorto que fue aprobado con 29 votos a favor y 9 en contra.
La petición está dirigida a la Auditoría Superior del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción, para que determinen si la doble función representa una falta administrativa o algún delito.
Se aseguró que durante los primeros ocho meses del año el funcionario ha desempeñado ambos encargos, pese a que, según su interpretación, la Constitución de Nuevo León no permite acumular esas responsabilidades.
La investigación deberá establecer si las funciones ejercidas en ambas posiciones son compatibles y, en su caso, si existe alguna responsabilidad que deba sancionarse.
Primero se recabó documentación sobre las actividades realizadas bajo las dos figuras antes de solicitar formalmente la intervención de las autoridades.
Ahora corresponderá a los órganos fiscalizadores y a la Fiscalía determinar si existe alguna irregularidad y qué consecuencias jurídicas tendría.