El rezago en el pago de pensiones a docentes jubilados en Nuevo León dejó de ser un asunto administrativo y comienza a perfilarse como un tema legal de mayor alcance.La diputada del PT, Guadalupe Rodríguez, hizo un llamado al Ejecutivo estatal y a ISSSTELEÓN para regularizar los incrementos pendientes en las pensiones de más de 15 mil maestras y maestros.De acuerdo con lo expuesto, desde el 1 de enero de 2024 se suspendió la aplicación del aumento del 6.43 por ciento, y para 2025 tampoco se ha reflejado el 3.79 por ciento correspondiente. Se trata de ajustes previamente establecidos que forman parte del ingreso de los jubilados.La legisladora subrayó que no se están solicitando beneficios adicionales, sino el cumplimiento de derechos adquiridos, cuya omisión impacta directamente en la economía de los pensionados y en la certeza jurídica de sus percepciones.El caso ya alcanzó una instancia superior. Los días 23 y 24 de abril, una comisión de docentes jubilados acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exponer la situación y buscar una definición legal. Durante su visita sostuvieron reuniones con secretarios de estudio y cuenta de distintas ministras, en un intento por encauzar el tema en el ámbito constitucional.Por su alcance, el asunto podría derivar en un pronunciamiento que trascienda el ámbito estatal, al involucrar criterios sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de pensiones.En este contexto, los jubilados mantienen su exigencia: que se respeten las condiciones bajo las cuales concluyeron su vida laboral y se garantice certeza sobre sus ingresos.
