La diputada Myrna Grimaldo Iracheta planteó modificar la Ley de Medio Ambiente estatal para que el reciclaje deje de ser voluntario y pase a ser una obligación dentro de las acciones de gobierno.La iniciativa mete cambios a cuatro artículos de la ley con un objetivo claro: que Estado y municipios tengan que aplicar, sí o sí, estrategias basadas en reducir, reutilizar y reciclar, bajo un modelo de economía circular.La propuesta apunta directamente a que las autoridades implementen campañas permanentes, no esporádicas, para que la población separe sus residuos y deje de verlos como simple basura.El planteamiento también incluye darle reconocimiento legal a quienes se dedican a recolectar materiales reciclables, actividad de la que dependen económicamente muchas personas y que hoy opera sin respaldo formal.Además, se abre la puerta a que los municipios otorguen incentivos fiscales a quienes participen en estas actividades, como una forma de empujar el reciclaje desde lo económico.Otro eje de la reforma es obligar a los ayuntamientos a habilitar centros de acopio donde se reciban materiales como vidrio, cartón, aluminio, plásticos e incluso ropa, con la intención de reincorporarlos a procesos productivos.La legisladora advierte que no se trata solo de limpiar, sino de aprovechar residuos que aún tienen valor y evitar que se sigan generando desde cero.Este ajuste también responde a la Ley de Economía Circular aprobada a nivel federal en enero, lo que obliga a Nuevo León a alinear su legislación antes de junio.
