El Congreso de Nuevo León dio luz verde en primera vuelta a una reforma impulsada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, con la que se busca cerrar el paso a deudores alimentarios dentro del sistema judicial.La propuesta plantea que cualquier persona que quiera acceder o mantenerse en un cargo judicial deberá comprobar que no está inscrita en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios. No es un castigo, es un filtro: quien no cumple con sus obligaciones, no puede impartir justicia.Pámanes dejó claro que el registro, vigente desde noviembre de 2025, fue apenas el primer paso. Sirvió para exhibir el problema, pero no basta. Ahora el objetivo es endurecer las reglas y obligar a la congruencia en el servicio público.El dictamen forma parte de un paquete de reformas enfocadas en garantizar condiciones dignas para niñas, niños y adolescentes. La lógica es simple: priorizar el interés superior de la niñez y poner orden donde antes no lo había.La legisladora insistió en que la medida no cierra puertas de forma definitiva. Quien esté en falta puede regularizarse y entonces sí aspirar a un cargo. Aquí no se trata de castigar por castigar, sino de obligar a cumplir.Con esta aprobación en primera vuelta, el Congreso manda un mensaje directo: en Nuevo León, quien quiera impartir justicia primero tiene que demostrar que la cumple, empezando por lo más básico, responder por sus hijos.
