Mientras Nuevo León continúa acumulando casos de feminicidio, violencia familiar y delitos sexuales contra mujeres, la Secretaría de las Mujeres mantiene detenido el acceso a más de 25 millones de pesos destinados a atender la Alerta de Violencia de Género en cinco municipios del estado.La diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, acusó a la dependencia estatal de incumplir con la publicación de los lineamientos que permiten liberar los recursos para 2026, requisito indispensable para que municipios como Apodaca, Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Monterrey puedan presentar proyectos y acceder al presupuesto.La legisladora cuestionó que, pese a tratarse de un mecanismo de emergencia relacionado con la protección de mujeres y niñas, la Secretaría encabezada por Graciela Buchanan no haya cumplido con los tiempos establecidos por la ley, ya que los lineamientos debieron quedar listos durante los primeros 40 días del año.“Ya estamos en mayo y los municipios siguen sin poder acceder al recurso. No estamos hablando de burocracia, estamos hablando de dinero destinado a prevenir violencia contra las mujeres”, sostuvo.Serrato advirtió que el retraso frena programas de prevención, atención y protección en municipios que desde hace años cuentan con declaratoria de alerta de género emitida por la CONAVIM, mecanismo creado precisamente para responder ante contextos graves de violencia feminicida.La priista puso sobre la mesa las cifras de violencia que enfrenta el estado: 74 feminicidios registrados durante 2025 y 10 más en los primeros meses de 2026. A esto se suman más de 6 mil denuncias por violencia familiar, cerca de mil 800 carpetas por abuso sexual y más de 900 casos de violación registrados el año pasado.Para Serrato, el problema no solo es administrativo, sino de prioridad institucional, al considerar que el Estado está retrasando recursos dirigidos a uno de los temas más sensibles y urgentes de seguridad y derechos humanos.Además, lanzó otra denuncia contra la Secretaría de las Mujeres al asegurar que, según reportes recibidos vía redes sociales, alrededor de 100 trabajadoras de la dependencia tendrían hasta tres meses sin recibir salario.Ante ello, pidió a las afectadas acudir ante la Contraloría estatal y exigir una investigación sobre la situación laboral al interior de la dependencia.
