Ante las constantes quejas por presuntos abusos, actos discrecionales y posibles casos de corrupción durante inspecciones municipales, el Congreso del Estado dio luz verde en primera vuelta a una reforma impulsada por el diputado del PAN, Miguel Lechuga, para obligar a inspectores municipales a portar cámaras corporales durante el desempeño de sus funciones.La propuesta modifica la Ley de Gobierno Municipal de Nuevo León y busca que toda inspección quede videograbada, generando evidencia de lo que realmente ocurre entre ciudadanos y funcionarios al momento de realizar revisiones, clausuras o procedimientos administrativos.La reforma establece que los servidores públicos adscritos a áreas de inspección y vigilancia deberán utilizar cámaras corporales de videograbación mientras realizan sus labores, con el objetivo de reducir espacios para actos indebidos, evitar confrontaciones y dar mayor certeza jurídica tanto a ciudadanos como a autoridades.Además, las grabaciones podrán utilizarse como prueba dentro de procedimientos administrativos y las personas inspeccionadas tendrán derecho a solicitar acceso al material, conforme a las disposiciones de transparencia y protección de datos personales.Miguel Lechuga sostuvo que la iniciativa surge ante el hartazgo ciudadano por inspecciones poco claras y denuncias relacionadas con posibles cobros indebidos o abuso de autoridad.“La gente está cansada de abusos y de que las inspecciones se presten a corrupción. Hoy muchos ciudadanos no tienen cómo defenderse porque no existe evidencia de lo que realmente pasa durante una inspección”, afirmó.El legislador aseguró que la intención no es obstaculizar el trabajo de los inspectores, sino transparentarlo y proteger también a quienes sí cumplen correctamente con su función.“Quien haga bien su trabajo no tiene nada que temer, y quien no, va a quedar evidenciado”, advirtió.La iniciativa fue aprobada en primera vuelta durante la sesión ordinaria de este miércoles y forma parte de una estrategia para endurecer controles sobre la actuación de funcionarios municipales, particularmente en áreas donde históricamente se han acumulado denuncias ciudadanas por extorsión, intimidación o discrecionalidad en la aplicación de reglamentos.
