El Congreso de Nuevo León abrió el juego para una reforma judicial propia, con un mensaje claro: evitar la copia automática del modelo federal y construir un esquema que responda a la realidad del estado, con perfiles técnicos y menor carga política.La Comisión de Puntos Constitucionales sostuvo una reunión con representantes de la iniciativa privada, academia y organizaciones civiles, a petición de ciudadanos que ya empujan una propuesta concreta. En la mesa participaron las diputadas y diputados Myrna Grimaldo, Greta Barra, Claudia Caballero, Guadalupe Rodríguez, Ignacio Castellanos y Paola Linares, quienes tuvieron que escuchar y procesar planteamientos que apuntan directo a una exigencia central: elevar los filtros para quienes buscan llegar al Poder Judicial.No fue una reunión menor. Asistieron organismos con peso en la agenda pública como Consejo Cívico Nuevo León, Coparmex, Caintra, Canaco, CMIC, CEEAD, Fundación Konrad Adenauer, el Tecnológico de Monterrey, U-ERRE y Canadevi, entre otros. El mensaje de estos sectores es consistente: sin perfiles preparados, con carrera judicial y autonomía real, cualquier reforma se queda en simulación.Desde el Congreso se reconoce la presión. Admiten que hay siete iniciativas en análisis y que el reto es integrarlas en un solo dictamen que no repita errores ni se limite a replicar el esquema federal. La intención es ordenar el proceso y evitar una reforma fragmentada o improvisada.El punto de fondo es claro: frenar la politización del Poder Judicial y garantizar que los nombramientos respondan a méritos, experiencia y trayectoria, no a cuotas o intereses.Lo que sigue es más trabajo técnico y negociación. Se anunciaron nuevas mesas de diálogo con más actores para construir consenso y llegar al próximo periodo legislativo con una propuesta sólida. El discurso ya está puesto; ahora el reto será traducirlo en reglas que realmente cambien cómo se integra y opera el Poder Judicial en Nuevo León.
