El diputado local de Morena, Tomás Montoya, propuso obligar al control parental en el acceso a redes sociales para menores de 15 años, al advertir que hoy están expuestos sin protección real a riesgos graves en el entorno digital.La iniciativa plantea reformar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión para cerrar el vacío legal que permite que niñas, niños y adolescentes naveguen en redes sociales sin filtros, supervisión ni responsabilidad adulta.Montoya señaló que el uso intensivo de redes sociales ha disparado problemas como ciberacoso, sextorsión, contacto con desconocidos, suplantación de identidad y exposición a contenidos violentos o sexualizados, situaciones que afectan directamente el desarrollo emocional y psicológico de los menores.El legislador criticó que actualmente el control parental dependa solo de decisiones voluntarias, sin que exista una obligación mínima para proteger a un sector claramente vulnerable.La propuesta no busca prohibir el internet ni censurar contenidos, sino obligar a que el acceso a redes sociales se dé bajo supervisión familiar y con herramientas reales de control, según se establece en la exposición de motivos.La iniciativa establece que ningún menor de 15 años podrá acceder a redes sociales sin autorización verificable de madres, padres o tutores, además de mecanismos técnicos de supervisión activa.Montoya aclaró que la medida es puntual y no generalizada: solo aplica a redes sociales digitales y no limita el acceso a internet, contenidos educativos, informativos o comunicación familiar.También se imponen obligaciones directas a las plataformas digitales, como verificar razonablemente la edad de los usuarios, vincular las cuentas de menores con una cuenta adulta responsable, permitir límites de tiempo de uso, restringir mensajes y contactos, bloquear contenidos inapropiados y suspender cuentas cuando sea necesario.El diputado subrayó que la iniciativa se basa en el principio del interés superior de la niñez y sigue modelos internacionales ya aplicados en países como Finlandia, Australia y Francia, donde se han endurecido las reglas para proteger a menores en el entorno digital sin vulnerar su derecho a la información ni a la privacidad.
