La diputada Melisa Peña del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano del Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma a la fracción V del artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sobre la omisión total o parcial en el pago de pensiones alimenticias como una forma de violencia económica.
“La persona que parcialmente o totalmente no de una pensión alimenticia, automáticamente se considera un violentador, esto con el fin de que se tipifique, y que visualicemos que cualquier individuo que cometa esta omisión, va a cometer violencia económica”, declaró la diputada.
Según el INEGI, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben su pensión alimenticia, afectando al 75% de los casos registrados. Además, el 67.5% de las 4.18 millones de madres solteras en México enfrentan la evasión de esta obligación por parte de sus exparejas.
“Con esta reforma, si no le dan la pensión alimenticia ya es violencia económica, ya se va a considerar un violentador”, dijo.
Asimismo, presentó la iniciativa de reforma al artículo 317 del Código Penal del Estado, que busca garantizar los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes frente a actos de violencia motivados por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
“Esta propuesta busca que cualquier hombre que lesione o dañe a un menor de 12 años que tenga que ver por no querer dar una pensión alimenticia, automáticamente sea un delito calificado, que aumenta la pena, de 25 a 50 años de cárcel”, informó Melisa Peña.
La iniciativa propone que los delitos de homicidio, lesiones y lesiones calificadas cometidos contra menores de doce años o beneficiarios de pensiones alimenticias sean considerados como calificados o agravados cuando exista la intención de eludir el cumplimiento de la obligación de pensión alimenticia.
“Todo esto lo hacemos para proteger a nuestras niñas y nuestros niños, para que puedan tener lo que se requiere para su alimentación, para su educación, para su vida diaria, pero también para proteger a nuestras mujeres”, señaló.
Ambas reformas representan un paso decisivo para garantizar el interés superior de la niñez y establecer medidas ejemplares contra quienes vulneren los derechos fundamentales de los menores.
