Metrorrey podría tener que operar bajo un protocolo específico para prevenir, atender y dar seguimiento a intentos de suicidio, si avanzan las reformas planteadas por la diputada local de Morena, Greta Barra.
La propuesta busca que las instalaciones y servicios del sistema de transporte cuenten con medidas obligatorias para actuar ante situaciones de riesgo suicida, además de establecer mecanismos de atención posterior para usuarios y trabajadores que hayan estado involucrados o expuestos a acontecimientos potencialmente traumáticos.
La iniciativa modifica tres ordenamientos: la ley que crea a Metrorrey, la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial y la Ley de Salud Mental del Estado.
El planteamiento parte de una idea concreta: el transporte público no debe limitarse a mover personas. También tiene responsabilidad sobre las condiciones de seguridad y atención que existen dentro de sus instalaciones. Por ello, se propone crear un Programa Permanente de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio, acompañado de un protocolo de aplicación obligatoria.
La reforma también ampliaría el derecho de usuarios y operadores a recibir atención oportuna frente a emergencias de salud mental y situaciones de riesgo suicida, así como acompañamiento después de hechos que puedan generar afectaciones emocionales o psicológicas.
Barra sostuvo que una movilidad digna tampoco puede medirse únicamente por los traslados. “El costo, el tiempo y las condiciones de espera son aspectos inseparables de una movilidad digna”, señaló.
Bajo ese criterio, las modificaciones contemplan además condiciones de protección en estaciones y paradas para reducir la exposición de las personas al sol, la lluvia y las altas temperaturas durante sus tiempos de espera.
El paquete incorpora también factores que inciden en la salud mental, entre ellos las condiciones de vida y trabajo, las desigualdades, la discriminación y las propias condiciones de movilidad. Con ello, se plantea que las autoridades desarrollen acciones para disminuir las barreras que dificultan el acceso a servicios de atención y generar espacios que funcionen como entornos protectores.