La diputada Anylú Bendición Hernández Sepúlveda, integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso del Estad, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, con el objetivo de tipificar como delito el reclutamiento de personas por parte de grupos criminales mediante engaños, especialmente a través de redes sociales y medios digitales.
“Lo que buscamos es que el Código Penal del Estado de Nuevo León tipifique el delito de reclutamiento criminal para sancionar a quienes, mediante falsas ofertas de trabajo, ya sea pegadas en postes, bardas o difundidas por otros medios, engañan a las personas que se postulan y terminan forzándolas a integrarse a un grupo delictivo”, explicó la diputada Anylú Bendición Hernández.
La legisladora subrayó que esta práctica afecta principalmente a personas en situación de pobreza, marginación o falta de oportunidades, lo que las vuelve especialmente vulnerables ante promesas de empleo o ingresos rápidos.
De acuerdo con el INEGI, más de 971 mil personas viven en situación de pobreza en Nuevo León, y a nivel nacional la cifra supera los 46 millones. Estas condiciones son aprovechadas por el crimen organizado para captar víctimas con mayor facilidad.
Hernández también citó al Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes (ONPRENNA), el cual advierte que el reclutamiento no está tipificado como delito específico en la legislación mexicana, lo que dificulta su prevención y castigo.
“Uno de los casos recientes más alarmantes fue el del rancho Izaguirre, donde personas fueron engañadas con supuestas vacantes laborales y posteriormente retenidas y entrenadas por células delictivas. Este modus operandi se ha vuelto cada vez más común y se ha extendido a través de redes sociales como Facebook, WhatsApp y Telegram”, señaló la legisladora.
La reforma propone la creación del artículo 176 BIS 1 del Código Penal estatal, para sancionar a quienes promuevan o realicen el reclutamiento de personas con fines delictivos, mediante engaños y por cualquier medio de difusión.
La pena sugerida es de 2 a 15 años de prisión. Con ello, se busca reconocer la gravedad de esta forma de captación y cerrar espacios de impunidad.
“Frente a un fenómeno criminal que evoluciona constantemente, necesitamos leyes que protejan a la población y frenen la manipulación y el abuso que sufren quienes son engañados con falsas promesas”, concluyó la diputada.
