La diputada local de Movimiento Ciudadano, Norma Benítez y la estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Cindy Joana Aguirre Pinales, presentaron una iniciativa para modificar la Ley que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para reforzar la seguridad de las personas internadas en los centros de rehabilitación conocidos también como anexos.
Al respecto, Benítez, detalló que existe el registro de 137 anexos en la zona metropolitana, aunque la cifra real podría ascender a 600, según organizaciones especializadas como Reinserta y Documenta.
No obstante, advirtió que algunos de estos centros de rehabilitación para personas con problemas de adicción o alcoholismo operan en la opacidad, con el riesgo de que se registren hechos violentos en el interior de sus recintos, recordando lo sucedido en enero pasado cuando se registró la fuga de 19 personas del centro de rehabilitación “Ayudar a los Adictos”, en el municipio de Escobedo, las cuales, tras su salida, denunciaron constantes maltratos físicos y psicológicos por parte de sus cuidadores.
“La opacidad con la que operan muchos de ellos, aunado al desconocimiento de las autoridades en torno a lo que verdaderamente ocurre en su interior, han provocado que, para muchos internos la estancia en un anexo sea equivalente a pasar una temporada en un centro de reclusión penitenciaria”, señaló la emecista.
Con la iniciativa, las promoventes buscan facultar a la CEDH para que, sin necesidad de denuncia, realice visitas, inspecciones o cualquier otra medida que considere pertinente, para salvaguardar la integridad de los internos y con ello, evitar cualquier maltrato.
“Consideramos indispensable que la autoridad competente en proteger los derechos humanos sea un agente activo y vigilante en este tema”, finalizó la legisladora emecista.
