Es un gran paso el hecho de que la Cámara de Diputados haya aprobado el derecho humano a la movilidad y seguridad ciudadana como un derecho constitucional, sin embargo no estará completo si para su aplicación no existe presupuesto asignado para estados y municipios, advirtió el diputado federal del PAN, Víctor Pérez Díaz.
El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados dijo que su voto fue a favor de elevar a rango constitucional el derecho de la movilidad y que ahora solamente restará elaborar una Ley General en materia de movilidad y seguridad vial.
Pérez Díaz mencionó la falta de congruencia por parte del Gobierno Federal, debido a que se han limitado los recursos para mejorar las condiciones urbanas enfocadas a la infraestructura, sobre todo ahora con la desaparición de los fideicomisos.
Entre los beneficios de implementar una Ley General, explicó, es que permitirá establecer políticas públicas, planes y programas para la prevención de accidentes y el mejoramiento en la infraestructura vial y de movilidad. De igual forma, aumentar el número de opciones de servicios y modos de transportes.
“Con estas modificaciones a la Carta Magna, generamos un paso firme en tratar de erradicar una de las principales causas de muerte de personas en accidentes automovilísticos y, además garantizamos una obligación por parte del Estado de establecer un sistema integral de movilidad en condiciones de seguridad vial”, dijo el legislador panista.
