PAN, PRI, PRD y Unete Pueblo condicionan discusión del Presupuesto 2027 en Nuevo León al pago de los recursos que el Gobierno estatal mantiene pendientes con municipios, por lo que fijaran una posición conjunta ante la Tesorería General del Estado.
El documento enviado a la dependencia señala que, con base en la información presentada por los propios municipios, existen más de mil 100 millones de pesos pendientes de ministrar, sin contar actualizaciones, intereses u otros conceptos que todavía no han sido cuantificados.
El reclamo no se limita a conocer cuánto se debe. Los promoventes exigieron a la Tesorería presentar un desglose municipio por municipio, fondo por fondo y ejercicio por ejercicio, además de establecer un calendario público para cubrir los adeudos.
También pidieron explicar qué ocurrió con esos recursos durante el tiempo que permanecieron bajo administración estatal y garantizar que las ministraciones no estén sujetas a condicionamientos políticos.
El punto que cambia el escenario para la negociación del próximo presupuesto es la decisión de los coordinadores legislativos involucrados de no sentarse a discutir ni negociar el Paquete Presupuestal 2027 con el Gobierno estatal mientras continúen los adeudos municipales.
La postura alcanza incluso las reuniones con el actual encargado del despacho de la Tesorería, así como con funcionarios y representantes del Ejecutivo estatal.
El argumento planteado es que no puede construirse un nuevo acuerdo presupuestal mientras existen recursos municipales pendientes de entrega.
Para los firmantes, primero debe cumplirse con esas obligaciones y después abrirse la discusión sobre el presupuesto del siguiente ejercicio.
El señalamiento coloca el manejo de las participaciones y demás recursos municipales como una condición previa para cualquier negociación presupuestal entre el Congreso y el Ejecutivo.
Los legisladores también advierten que el retraso en estos recursos tiene consecuencias que van más allá de las cuentas públicas, al limitar la capacidad de los municipios para atender servicios, seguridad e infraestructura.
La presión llega en un momento en que el Gobierno estatal busca comenzar la construcción del presupuesto del próximo año.
Con esta posición, parte del Congreso plantea que la discusión no arrancará mientras siga pendiente el dinero que los municipios reclaman.
