La Comisión Estatal de Derechos Humanos, emitió la Recomendación General 01/2023, dirigida al Director General de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán Villarreal, luego de acreditarse violaciones graves a los derechos humanos de toda la comunidad neolonesa, por el negligente manejo de la crisis hídrica que padece el Estado, habiéndose vulnerado, al menos, once derechos humanos, como el de acceso y disposición al agua, los derechos al “mínimo vital”, a la salud, a la alimentación, a una vivienda digna, al trabajo, a un medio ambiente sano, a la información, a la legalidad, a la dignidad, así como a una buena administración pública.
Lo anterior al demostrarse que las medidas adoptadas implicaron una suspensión de derechos sin que se hubiese justificado, que éstas cumplieran con criterios de racionalidad y razonabilidad y fueran idóneas, necesarias y proporcionales.
Asimismo, las medidas no se aplicaron con un enfoque diferenciado, atendiendo a las particularidades de las personas, sobre todo, de los grupos de atención prioritaria; tampoco se cumplió con el derecho a la información, ni estuvieron fundadas y motivadas de manera reforzada dichas medidas, lo que generó incertidumbre entre las personas que habitan en la Entidad.
Este Organismo advirtió que el Gobierno del Estado, a través de Agua y Drenaje de Monterrey, no cuenta con una política integral para atender debidamente esta delicada problemática, pues la construcción de una nueva presa no es una solución de fondo, ya que es indispensable que llueva, para que la presa pueda captar el agua. Dicho de manera sencilla: si no llueve, no habrá agua, prueba de ello es que aún con la apertura de la segunda bomba del acueducto “El Cuchillo II” sigue persistiendo la escasez del agua.
Debido a lo anterior, se solicitó, entre otras cosas, que el titular de Agua y Drenaje de Monterrey se disculpe, en un acto público, con toda la comunidad neolonesa, por el actuar negligente de la Institución que dirige.
Asimismo, se determinó que se iniciarán los procedimientos de responsabilidad correspondientes en contra de las personas del servició público que, con su actuación, afectaron la debida prestación del servicio público del vital líquido.
Se determinó que la autoridad responsable realice e impulse diversas estrategias y líneas de acción relacionadas con las fuentes de abastecimiento, protocolos de actuación en caso de crisis de agua y/o afectaciones en el suministro de agua, programas de acceso a tinas-cisternas, reforzamiento de campañas de concientización, la creación de un programa de recepción de quejas, así como la coordinación con las Secretarías Estatales y Municipales que tienen a su cargo el desarrollo urbano y el medio ambiente