El Congreso del Estado de Nuevo León, en su calidad de Poder Legislativo autónomo en el marco constitucional vigente, anuncia que iniciará los recursos legales correspondientes para impugnar la orden de suspensión emitida por un juez federal que impide publicar en el Periódico Oficial del Estado (POE), la reforma a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, relacionados con la reciente creación de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera.
Al mismo tiempo, este mismo Congreso trabajará en la reforma que hace autónomo al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, a fin de que éste ya no dependa del Ejecutivo.
Lo anterior se deriva de que, este lunes 20 de junio, el Licenciado José Mercedes Hernández Díaz, Magistrado de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, admitió a trámite una demanda por la que ordenó la suspensión por la que pide no se publique en el POE las disposiciones administrativas derivadas de la reforma señalada.
Las autoridades demandadas son el Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno, Responsable del POE, Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Estado, Titular de la UIFE del Estado y Coordinador de la UIFE del Estado, todos ellos del Poder Ejecutivo del Estado.
Sin embargo, es evidente que los actos reclamados en la demanda forman parte de un acto legislativo emanado de este Congreso del Estado, razón por la cual, la Dirección Jurídica de este mismo Congreso considera que el juicio contencioso es improcedente por disposición expresa de la ley, específicamente del artículo 56, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, que claramente establece:
“Artículo 56.- El juicio ante el Tribunal es improcedente: II.- Contra actos legislativos del Congreso, sentencias o resoluciones del Poder Judicial, laudos de autoridades del trabajo y resoluciones de autoridades electorales y agrarias”.
“Vemos una vez más, que el Poder Ejecutivo utiliza como brazo político a una institución pública. Es preocupante que un Tribunal de Justicia, que se supone, debe velar por el respeto del estado de derecho, se preste a este tipo de acciones inconstitucionales del Ejecutivo para dilatar el procedimiento legislativo”, manifestó uno de los legisladores demandantes.
