Con el objetivo de que el aborto sea legal y seguro, la diputada Jessica Martínez Martínez presentó una iniciativa de reforma al artículo 331 del Código Penal.
El proyecto pretende despenalizar el aborto en los casos donde el producto presente alteraciones genéticas o congénitas, así como cuando el embarazo haya sido producto de una inseminación artificial forzada.
“Lo que se busca es añadir a las causales ya existentes en el Código Penal para el Estado de Nuevo León, para que se pueda efectuar el aborto cuando el producto o los productos se les haya detectado alteraciones genéticas o congénitas, así como cuando se haya o se hayan concebido por una inseminación no consentida por la persona gestante”, precisó la legisladora.
“En la actualidad, 18 estados ya excluyen la acción penal cuando el aborto se efectúa debido a alteraciones congénitas o genéticas, y 17 estados contemplan esta exclusión cuando el producto o los productos hayan sido concebidos mediante una inseminación no consentida por parte de la persona gestante”, añadió.
En el documento entregado, Martínez Martínez detalló que la normativa estatal está siendo rebasado por el contexto social que se vive hoy en día y que la normativa en materia penal no debe atender de desde un origen punitivo al cuidado de la salud.
“A diario en los hospitales del sector público y/o a cargo del Gobierno del Estado de Nuevo León, pues estos cada vez más deben atender peticiones de aborto por parte de las personas gestantes, cuyo producto es diagnosticado con alteraciones genéticas o congénitas, e incluso casos donde no fue consentida la inseminación, que como he citado, no se cuenta con acción penal en Nuevo León”, manifestó.
Con la propuesta de la diputada se busca atender una necesidad social apremiante, brindando una solución legal y segura a situaciones extremadamente delicadas para las personas gestantes.
