Con el fin de erradicar y prevenir la esterilización forzada, la diputada local del PRI, Jessica Martínez, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Nuevo León con la que se adicionarían los artículos Artículo 353 BIS 2, Artículo 353 BIS 3, Artículo 353 BIS 4, al título décimo séptimo, Delitos contra el Honor y la Dignidad de las Personas.
El proyecto de reforma contempla imponer una pena de cinco a ocho años de prisión y multas a quien practique procedimientos quirúrgicos, químicos o de cualquier otra naturaleza con el objetivo de inducir esterilidad a una persona mayor de edad sin su consentimiento.
También, se contempla un incremento en las sanciones en casos donde se recurra a la violencia física o psicológica, se aproveche de la ignorancia o pobreza extrema de la víctima o víctimas, y cuando estas pertenezcan a grupos vulnerables.
“Es necesaria una adecuación a nuestro código penal, con esto se coadyuvará a que en la práctica no se realicen acciones que están en contra de la voluntad de las personas, ya que, por desgracia, en la mayoría de los casos, esas prácticas se efectúan con una falta de ética de las y los profesionistas de la salud, por personas que no sean efectivamente profesionales de la medicina o sus correlacionados, o por servidoras y servidores públicos, que laboran en el sector de salud públicos”
Martínez recalco que, en México existen más de 124 expedientes abiertos por quejas iniciadas por mujeres a las que se le practicó un procedimiento de esterilización forzada. Entre estos casos destacan los de personas indígenas y personas con discapacidad.
En el documento entregado por Martínez establece que ya son 18 entidades federativas que tienen tipificado el delito de esterilización forzada, sin embargo, Nuevo León no es una de ellas.
