El Congreso de Nuevo León evaluará posibles acciones legales ante la falta de nombramiento del titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, cargo que permanece sin designación formal desde la renuncia de Carlos Garza Ibarra a finales de 2025.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, la presidenta de la Mesa Directiva, Itzel Castillo Almanza, informó que la Dirección Jurídica del Poder Legislativo revisará las vías legales procedentes para atender lo que consideró un incumplimiento constitucional por parte del gobernador Samuel García Sepúlveda.
La legisladora señaló que, tras la salida de Garza Ibarra, el Ejecutivo estatal designó como encargado del despacho a Ulises Carlín de la Fuente, quien continúa desempeñando esa función sin que se haya presentado al Congreso una propuesta para ocupar formalmente la titularidad de la dependencia.
Castillo Almanza sostuvo que el Poder Ejecutivo ha mantenido una postura orientada a evitar el cumplimiento del procedimiento constitucional para la designación del Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, situación que, afirmó, limita las facultades que corresponden al Poder Legislativo.
Ante este escenario, la Diputación Permanente aprobó analizar, a través de la Dirección Jurídica, la presentación de controversias constitucionales y otros mecanismos de control constitucional, tanto en el ámbito local como federal, en caso de determinarse procedentes.
Las acciones podrían dirigirse contra actos u omisiones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, así como de cualquier autoridad que, a consideración del Congreso, invada competencias constitucionales del Poder Legislativo o de la Auditoría Superior del Estado.
El acuerdo aprobado también busca otorgar representación legal a la Mesa Directiva para promover los recursos jurídicos que resulten necesarios en este y otros casos similares.Asimismo, argumentó que mientras no exista un nombramiento formal avalado por el Congreso, conforme a lo establecido en la Constitución local, el Poder Legislativo no puede reconocer plenamente la titularidad del cargo de Tesorero estatal.
Con este análisis, el Congreso busca definir las medidas legales que emprenderá para hacer valer sus atribuciones constitucionales en torno a la designación del responsable de las finanzas estatales.