Las quejas, denuncias e investigaciones iniciadas contra elementos de seguridad pública municipal deberán ser reportadas mensualmente a los alcaldes de Nuevo León, tras una reforma aprobada por el Congreso del Estado para fortalecer la supervisión de las corporaciones policiacas.
La modificación, promovida por la diputada de Movimiento Ciudadano, Marisol González, busca que los municipios cuenten con herramientas para detectar y dar seguimiento a posibles casos de extorsión, corrupción, abuso de autoridad y otras irregularidades cometidas por servidores públicos encargados de la seguridad.
Como parte de las nuevas disposiciones, los titulares de las áreas de Seguridad Pública estarán obligados a informar sobre suspensiones, denuncias ciudadanas, procedimientos internos y casos turnados a instancias ministeriales relacionados con presuntas faltas de sus elementos.
La reforma también establece que toda revisión, infracción o remisión realizada por personal de seguridad, tránsito y vialidad deberá quedar registrada y vinculada a un folio que permita conocer cuándo ocurrió, quién la realizó y bajo qué fundamento se llevó a cabo.
El objetivo es fortalecer la rendición de cuentas dentro de las corporaciones municipales y generar mecanismos que permitan identificar conductas indebidas antes de que se conviertan en prácticas recurrentes.
Además de los reportes periódicos, los municipios deberán implementar sistemas de control y supervisión para documentar las actuaciones de sus elementos y garantizar una mayor trazabilidad en sus intervenciones.
Con estas medidas, el Congreso busca fortalecer los controles internos de las corporaciones municipales y brindar mayores herramientas para la vigilancia del desempeño policial y la atención de denuncias ciudadanas.