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Pide Miguel frenar decisiones unilaterales en transporte público

Clave20 abril 21, 2026 2 minutes read
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El Congreso del Estado puso un alto —al menos en papel— a las decisiones unilaterales en el transporte público. Con 21 votos a favor, se aprobó la reforma impulsada por el diputado del PAN, Miguel Lechuga, que obliga a justificar técnica y socialmente cualquier cancelación, fusión o modificación de rutas.La medida no es menor. Durante años, los cambios en el sistema se han aplicado sin previo aviso y con impactos directos en miles de usuarios. Ahora, con la adición del Artículo 69 Bis 1 a la Ley de Movilidad estatal, se establece un filtro claro: ninguna ruta del sistema metropolitano o alimentador podrá tocarse sin cumplir condiciones específicas.Primero, un dictamen técnico-operativo avalado por el Comité Técnico y la Junta de Gobierno, donde se mida el impacto real: tiempos de espera, número de unidades y demanda. La línea es directa: si el cambio empeora el servicio, no debería pasar.Segundo, consulta ciudadana obligatoria en la zona afectada. Ya no basta con anunciar ajustes desde escritorio; la opinión de usuarios y vecinos tendrá carácter determinante, es decir, puede frenar decisiones.Tercero, continuidad operativa garantizada. Las modificaciones deberán mantener frecuencias, unidades y cobertura territorial. Traducido: no se vale recortar rutas y dejar colonias desconectadas.Y cuarto, una condición clave: cualquier ajuste deberá venir acompañado de una ruta alternativa equivalente en cobertura y frecuencia, anunciada con al menos 15 días de anticipación. Si no se cumple todo el proceso, la acción se considerará una afectación grave al derecho a la movilidad y podrá ser sancionada.Lechuga fue directo al justificar la reforma. Puso sobre la mesa el caso de Santa Catarina, donde —acusó— se prometieron proyectos que no llegaron y, en contraste, sí se eliminaron rutas sin consulta. “Eso no es movilidad, es faltarle el respeto a la gente”, sostuvo.La intención política es clara: cerrar la puerta a decisiones improvisadas y obligar al Gobierno del Estado a dar la cara antes de mover el sistema. Falta ver si en la práctica se cumple o si queda como otra reforma bien intencionada que se diluye en la operación diaria.

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