La violencia que viven menores de edad, podría empezar a medirse con un instrumento oficial en Nuevo León si prospera una reforma impulsada por la diputada Marisol González, legisladora de Movimiento Ciudadano.La propuesta busca que el estado cuente con un violentómetro diseñado específicamente para población infantil y adolescente, con reconocimiento legal y aplicación obligatoria. Para lograrlo, se plantea modificar tres artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de que el instrumento no dependa de programas aislados, sino que forme parte del sistema formal de protección.El modelo que se plantea no estaría limitado al ámbito escolar. Su uso se extendería a cualquier espacio donde haya convivencia o atención de menores, desde entornos comunitarios hasta centros de cuidado, recreación o asistencia social.El diseño del instrumento quedaría bajo responsabilidad del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León, que también coordinaría su operación. En paralelo, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León participaría en la detección de casos, su seguimiento y la canalización correspondiente.La iniciativa parte de un diagnóstico claro: la violencia contra menores es frecuente y muchas veces permanece oculta. De acuerdo con cifras nacionales citadas por la legisladora, seis de cada diez niñas y niños han experimentado algún tipo de agresión.El proyecto establece además un plazo máximo de 180 días para que el instrumento sea diseñado, publicado y puesto en funcionamiento una vez aprobada la reforma.Según la diputada, la medida no implica crear nuevas estructuras administrativas, sino utilizar el marco institucional existente para reforzar la prevención. El objetivo es contar con una herramienta concreta que permita identificar niveles de violencia, intervenir oportunamente y facilitar que los menores encuentren vías de apoyo fuera del entorno donde ocurre la agresión, especialmente cuando el silencio familiar o cultural impide denunciar.
