Para evitar que padres morosos vendan casas, terrenos o traspasen bienes con tal de no pagar pensión, diputadas de Acción Nacional presentaron una reforma que busca cerrarles el paso desde la ley.Claudia Caballero Chávez e Itzel Castillo Almanza plantearon modificar el artículo 309 del Código Civil de Nuevo León para que, cuando exista incumplimiento de pensión, el patrimonio del deudor quede bajo vigilancia judicial.La propuesta establece que, si en un plazo de 90 días no se cumple con el pago ordenado por un juez, se dará aviso al Registro Público de la Propiedad para que anote la condición del deudor en los bienes que tenga a su nombre. Con esa anotación, cualquier intento de venta, traspaso o modificación de derechos sobre inmuebles quedaría detenido hasta que el juez lo autorice.También se contempla notificar al Colegio de Notarios del Estado de Nuevo León, con el fin de que los fedatarios estén enterados de las restricciones y reporten operaciones que pretendan realizar los deudores señalados.Las legisladoras argumentaron que el problema ha crecido en Nuevo León. Tan solo en 2025 se abrieron 825 carpetas de investigación por incumplimiento de obligaciones alimentarias, la cifra más alta desde que se tiene registro. De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, ese año también se acumularon 604 denuncias formales por falta de pago de pensión, y octubre fue el mes con mayor incidencia, con 98 casos.Entre 2020 y 2025, el delito aumentó 94.43%, al pasar de 420 a 825 casos anuales. Para las promoventes, estos números reflejan que las medidas actuales no han sido suficientes.La intención, señalaron, es impedir que el deudor se declare insolvente tras mover su patrimonio y garantizar que niñas y niños reciban el recurso que por ley les corresponde.
