La ausencia de controles sobre los centros de atención a adicciones volvió a exhibirse en Nuevo León tras el caso de un maestro colombiano que pasó días internado sin que familiares o autoridades supieran dónde estaba. A partir de ese episodio, el diputado de Movimiento Ciudadano, Armando Víctor Gutiérrez, puso sobre la mesa una reforma para meter orden en un sector que opera, en muchos casos, sin vigilancia real.La iniciativa plantea modificar el artículo 73 de la Ley Estatal de Salud para darle dientes al Consejo Estatal contra las Adicciones, hoy limitado a funciones administrativas mientras proliferan centros públicos, privados y “anexos” sin supervisión efectiva. La propuesta busca que el Estado tenga capacidad legal para revisar qué pasa dentro de estos espacios, cómo ingresan las personas y bajo qué condiciones permanecen ahí.El planteamiento va directo a prácticas que se repiten y rara vez se investigan: internamientos forzados, retenciones sin sustento legal, incomunicación prolongada y tratos que cruzan la línea de lo indigno. Casos que suelen salir a la luz solo cuando alguien no aparece o cuando una familia empieza a buscar sin respuestas.Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de mecanismos de registro que permitan saber quién está internado, en qué centro y bajo qué circunstancias. Un banco de datos que pueda cruzarse con reportes de personas desaparecidas o no localizadas y que evite que alguien “se pierda” dentro de un sistema que hoy opera en la opacidad.Además, se plantea establecer protocolos obligatorios de reacción inmediata cuando se reporta la desaparición de una persona que podría estar en tratamiento, así como una coordinación directa con autoridades de seguridad, fiscalías y organismos de derechos humanos. No como buena voluntad, sino como procedimiento.La propuesta también incluye involucrar a los municipios mediante Consejos Municipales contra las Adicciones, para que la responsabilidad no quede diluida entre dependencias estatales y federales, como ocurre actualmente.El fondo del planteamiento es claro: los centros de atención a adicciones no pueden seguir funcionando como espacios cerrados donde el Estado no entra y nadie rinde cuentas. El caso del maestro colombiano dejó en evidencia que, sin reglas claras y sin supervisión, el tratamiento puede convertirse en una forma de desaparición temporal tolerada por omisión oficial.
