Sandra Pámanes puso el dedo donde más incomoda: el contrato de energía que el Municipio de Monterrey mantiene con Next Energy y que, hasta hoy, sigue vivo pese al historial de irregularidades que arrastra la empresa.La coordinadora de Movimiento Ciudadano en el Congreso local exigió al alcalde Adrián de la Garza cancelar de inmediato el acuerdo, luego de que se confirmara que Eugenio Maiz Domene, dueño de Next Energy, fue detenido y enviado a prisión preventiva en Aguascalientes, acusado de fraude por incumplir un contrato similar de suministro energético.Para Pámanes, el caso no sorprende. Asegura que lo ocurrido en Aguascalientes es un calco de lo que pasó en Monterrey: promesas de energía limpia, contratos a largo plazo y cero resultados visibles. No hay planta fotovoltaica construida, no hay paneles solares instalados y no hay beneficios claros para la ciudad, pero sí compromisos financieros que se extienden por décadas.La legisladora recordó que el contrato fue firmado durante una administración anterior de Adrián de la Garza y que, pese a los señalamientos públicos y a la falta de cumplimiento, el acuerdo sigue vigente. Desde su perspectiva, el daño no es menor: habla de un desfalco que golpea directamente las finanzas municipales y de una responsabilidad política que no se ha asumido.También cuestionó el silencio del alcalde. No hay claridad sobre si el Municipio ya presentó una denuncia formal por el incumplimiento del contrato, ni si ha colaborado con las investigaciones federales que hoy tienen al empresario detenido. Lo único que se ha dicho, señaló, es que el contrato “sigue en análisis”, aun cuando los hechos ya son públicos y documentados.Para Pámanes, el problema va más allá de un proveedor fallido. Señala decisiones que comprometen recursos públicos por hasta 30 años sin que la ciudadanía reciba un beneficio real en servicios, infraestructura o ahorro energético. Y lanza una pregunta directa: qué se obtiene a cambio de sostener acuerdos de este tipo, cuando los riesgos ya se materializaron.La exigencia es clara y sin rodeos: rescindir el contrato ahora, antes de que el costo político y financiero sea todavía mayor. Si quieres, le metemos más filo, más contexto legal o más carga política.
