El PRI en el Congreso de Nuevo León volvió a poner sobre la mesa los juicios políticos contra el gobernador Samuel García, al acusar que los casos siguen detenidos pese a que existen denuncias formales por presuntos actos de corrupción.La diputada priista Armida Serrato Flores reclamó que la Fiscalía Anticorrupción no ha aclarado qué pasó con investigaciones clave relacionadas con decisiones del Ejecutivo estatal que, aseguró, impactaron directamente a los ciudadanos y al uso de recursos públicos. Entre ellas mencionó el aumento a tarifas aplicado sin seguir el procedimiento legal y una investigación por contratos gubernamentales que habrían servido para desviar recursos y adquirir terrenos de alto valor en el municipio de San Pedro.Serrato sostuvo que estos señalamientos no son nuevos y que dieron origen a varios juicios políticos promovidos desde el Congreso, pero que hasta ahora no han avanzado por la falta de información oficial y por recursos legales promovidos por el propio Gobernador.Ante este escenario, la legisladora anunció que acudirá directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para verificar el estado real de las controversias constitucionales y los amparos interpuestos por Samuel García, con el objetivo de saber cuáles procesos están legalmente detenidos y cuáles pueden continuar.“La gente sigue preguntando por qué los juicios no avanzan y nadie da respuestas claras. El Congreso no puede seguir cruzado de brazos”, advirtió.Actualmente, explicó, existen ocho juicios políticos contra el Gobernador dentro de la Comisión Anticorrupción del Congreso local; sin embargo, solo tres cuentan con suspensiones, lo que —dijo— deja en evidencia que el resto permanece congelado sin una razón jurídica clara.
