La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, señaló la urgencia de replantear la política energética en México e iniciar una real transición hacia las energías limpias, renovables, para reducir los gases de efecto invernadero que dañan la salud y la economía de las familias mexicanas; “es necesario reducir las emisiones a casi la mitad en 2030 y alcanzar el cero neto en el año 2050”.
Según los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA) que mide el INEGI, en 2021, México destinó el 4.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a atender esta problemática. Tan solo las emisiones al aire representaron el mayor costo ambiental, al alcanzar un monto de 660 mil 333.8 millones de pesos, monto superior a los 576 mil millones de pesos que en 2019 el Gobierno destinó al funcionamiento del sector salud, según datos de la SHCP.
Datos oficiales señalan que más de 8 mil personas murieron, de forma prematura, en 2022 a consecuencia de los daños en la salud que provocó la alta contaminación en la Ciudad de México.
Guerra Castillo insistió en que “se tienen que diseñar políticas públicas para diversificar las fuentes de suministro de energía, con mayor utilización de solar o eólica y así lograr un desarrollo sostenible, limitar la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), lo que va en línea con los compromisos reflejados en la Conferencia de París sobre cambio climático COP21 y la Agenda 2030”.
México se encuentra en el dilema de aprovechar los recursos energéticos de forma racional, sustentable y con apego a los principios de soberanía nacional, eficiencia económica y utilidad social o seguir quemando combustibles fósiles, con el daño al medio ambiente y la salud de los mexicanos.