La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, afirmó que es fundamental que en el Paquete Económico 2025 se asegure que México cuente con los ingresos que garanticen los presupuestos que requieren las reformas legislativas pendientes en favor de las mujeres, y que tienen impacto presupuestal.
Al hacer un balance de los trabajos y reformas aprobadas en pro de niñas y mujeres, Guerra Castillo resaltó las modificaciones realizadas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para reconocer como delitos a la violencia vicaria y la violencia sexual en espacios públicos.
Asimismo, las reformas para el fortalecimiento de la reglamentación y organización de los Centros de Justicia para las Mujeres, la eliminación de los programas educativos de los materiales que hacían apología de la violencia contra las mujeres, la inclusión de la educación con perspectiva de género en los planes y programas de estudio, y la mejora de la coordinación de las autoridades en materia de alertas de género
Además, la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, la eliminación del IVA a los productos de higiene menstrual, la integración de la perspectiva de género en la política fiscal y la reforma constitucional conocida como “Ley 3 de 3 contra la violencia”, cuya adopción en algunas entidades federativas aún está pendiente su
Entre los pendientes, dijo, están las leyes secundarias para armonizar el marco legal federal a la reforma constitucional de paridad en todo, de 2019, así como la aprobación de la minuta en materia del Sistema Nacional de Cuidados, que se encuentra en el Senado.
Apuntó que había un rezago de iniciativas heredado de otras Legislaturas que no pudieron concretarse porque no hubo consenso, tenían impacto presupuestal o no estaban bien fundamentadas, “pero las hemos separado y tenemos una lista que después con las diputadas la vamos a perfeccionar, con expertas, para volverlas a presentar, ya sea en los mismos términos o incluso adecuándolas a la nueva realidad social”.
Guerra Castillo apuntó que aún se requieren reformas legales para definir las conductas que expresan la violencia institucional; por ejemplo, en los ministerios públicos, y sancionar como falta administrativa grave en la administración pública las conductas de acoso y hostigamiento sexual, así como las omisiones de las autoridades responsables.
También, las propuestas en materia de salud para las mujeres adolescentes y niñas con lupus y otras enfermedades, los derechos sexuales y reproductivos, la gestión menstrual, la atención integral y multidisciplinaria en las muertes fetales y perinatales, la violencia obstétrica, la discriminación de mujeres con discapacidad y el feminicidio, que se ha tipificado, pero no cede.