Se pronuncia GLPRI contra corrupción en Monterrey

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN y diversos organismos, ciudadanos y empresariales, han solicitado que el alcalde Fernando Larrazabal Bretón solicite licencia para facilitar las investigaciones en torno a los actos de corrupción al interior de su administración.

La averiguación criminal y la solicitud de juicio político se derivan de videos e imágenes donde aparece su hermano Jonás Larrazabal recibiendo dinero en efectivo de parte del dueño de un casino, sin que hasta el momento se haya aclarado satisfactoriamente a cambio de qué recibió estos pagos, limitándose a señalar que es producto de una venta de quesos, lo que resulta un insulto y una burla para los ciudadanos.

Quien también aparece en las imágenes difundidas es su secretario de Desarrollo Humano, Miguel Ángel García, en aparente negociación con el mismo dueño del Casino y en compañía del propio hermano Jonás Larrazabal.

Estos hechos contundentes son los que motivan el llamado del CEN panista al alcalde de Monterrey para que se separe del cargo y nos queda claro que obedecen a la vergüenza que esta red de corrupción le provoca a la dirigencia panista y a un intento desesperado para tratar de acotar los daños a ese instituto político.

Nos preocupa que sean recurrentes los escándalos que se han generado al interior de la administración de Fernando Larrazabal, el último de los cuales derivó en la renuncia de su secretario de Desarrollo Económico y que está aferrado a un amparo para no rendir cuentas ante la Auditoría Superior del Estado.

El Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional hace un llamado a los dirigentes panistas para no generar confusión y no desviar la atención sobre los actos de corrupción que se evidencian con la difusión de videos y fotografías publicadas en los medios en los últimos días.

El alcalde Fernando Larrazabal debe tomar una decisión sobre su licencia atendiendo a las voces que así se lo reclaman desde su partido y desde los organismos, pero más aún, atendiendo al estricto sentido de legalidad y el derecho que tienen los ciudadanos de Monterrey a que se esclarezcan estos bochornosos hechos.

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