El Diputado Héctor García García presentó una iniciativa Reforma al Código Penal del Estado para que se establezcan sanciones penales a los directivos y elementos de seguridad pública que no cuenten con un certificado policial, del Centro de Evaluación que los acredite como elementos aptos para ocupar un lugar en una corporación policíaca.
García García dijo que el objetivo de la propuesta es que tanto los titulares de las Instituciones Policiales del Estado y de los Municipios, así como los miembros que pertenecen a éstas, cumplan con el principio de legalidad establecido por el propio artículo 21 de nuestra Carta Magna.
“O quien siendo titular de una Institución de Seguridad Pública del Estado o de algún Municipio de éste, contrate a una persona que no haya obtenido la certificación Policial del Centro de Evaluación y Certificación correspondiente, para desempeñarse como servidor público policía”, expresó.
“Así mismo, que la obligación que les impone tanto la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, no quede sólo como una obligación de carácter administrativo, sino que también forme parte, como en el resto de los servidores públicos del Estado y de los Municipios, una conducta típica, jurídica, culpable y punible, por lo cual en el caso de los titulares de las Instituciones Policiales de ser omisos y contratar a personas que no tengan la certificación policial correspondiente, o bien estos últimos de estar ya dentro del Sistema de Seguridad Estatal se preocupen por obtener el certificado policial que exige la Ley de la materia, y en caso contrario, sean acreedores a la sanción penal correspondiente”.
La iniciativa de reforma por adición de una fracción X al artículo 208 y modificación del artículo 209 del al Código Penal del Estado de Nuevo León se mandó a la comisiones para su estudio.
Héctor García García dijo que se busca crear un grado de confianza hacia la sociedad, que habida cuenta, es a quien interesa y preocupa el desempeño de los servidores públicos responsables de su seguridad atendiendo así de esta manera como legislador un asunto que beneficia a los ciudadanos neoloneses.