Con motivo de la expedición de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, el pasado 27 de noviembre de 2017, por parte del Congreso del Estado de Nuevo León, la Asociación Metropolitana de Alcaldes de Nuevo León (AMA) decidió promover la ampliación de las demandas de controversia constitucional presentadas el 20 de enero del 2017, inicialmente promovidas en contra de la Ley General de Asentamientos Humanos expedida por el Congreso Federal el 28 de noviembre de 2016; esto debido a que la nueva ley estatal recoge y aplica a los Municipios de Nuevo León diversas disposiciones de la ley general que transgreden los principios que inspiran el pacto Federal y la autonomía municipal.
Entre tales disposiciones se encuentran las que reducen la participación ciudadana en la toma de decisiones de los gobiernos municipales relacionadas con la mezcla de los usos del suelo, la densificacion de los centros de población, la flexibilización de alturas y la restricción del requisito para que los Municipios puedan imponer cajones de estacionamiento, así como la denominada judicializacion de suspensiones y clausuras de actividades y construcciones que contravengan las leyes y los reglamentos, o bien las autorizaciones expedidas.
Además, y a la par de la ampliación de las controversias promovidas el año pasado en contra de la Ley General de Asentamientos Humanos, se decidió impugnar la nueva ley estatal de la materia por considerarse que incurre en los mismos vicios y defectos de la citada ley general. Los principales motivos de impugnación fueron señalados por los propios alcaldes en la rueda de prensa del pasado 17 de enero.
Fue el día de hoy 22 de enero de 2018 que los Municipios del Área Metropolitana Monterrey presentaron formalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ampliación de las demandas referidas y la impugnación de la nueva ley estatal de la materia.
Con lo anterior se busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación salvaguarde la autonomía municipal para aplicar suspensiones y clausuras conforme a los principios constitucionales que rigen las potestades administrativas y ejecutivas concedidas a los Gobiernos Municipales para proteger el orden público y el interés social; y también para que dicho Tribunal Constitucional proteja el margen de libertad política y jurídica que los Municipios necesitan para adoptar, bajo los principios de participación ciudadana y vecinal, las políticas públicas que más se adecuen las necesidades de la población de cada municipio, de acuerdo a sus particularidades socioeconómicas, culturales y ambientales.
Asimismo se pide a la Corte que defina si es una obligación que exista en el presupuesto estatal un fondo metropolitano para la ejecución de las obras de infraestructura previstas en el plan metropolitano y que determine si es o no correcto que el Congreso del Estado haya establecido que la creación de un instituto metropolitano deba pasar por la aprobación del propio Congreso; entre otros motivos de inconformidad.