Política y Gente

Por Pedro García
Prometer no empobrece…
Era de esperarse la resistencia del Congreso local a legislar iniciativas surgidas de propuestas ciudadanas porque son asuntos que facultan a la población para valorar y, eventualmente, remover a quienes ejercen el poder.
Desde el lanzamiento (Legislatura anterior) de la convocatoria a los ciudadanos a participar, exponiendo los temas a legislar, advertimos que el cuerpo colegiado se iba a meter en camisa de once varas con temas como la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana y otras, como la de protección de los Animales, asunto este también de mucha controversia en relación a las corridas de toros.
No obstante, el Honorable Congreso del Estado de Nuevo León tendrá que legislar sobre las materias citadas, de manera principal, la Ley de Participación Ciudadana.
Más temprano que tarde, tendrá que haber ese dispositivo legal porque los tiempos, la época y las circunstancias socio-políticas así lo mandan.
Es mejor que el Poder Legislativo eleve a ley los instrumentos de decisión popular a que un día de estos se produzcan hechos inusitados de rebelión en el estado de Nuevo León, aunque nadie lo crea.
Acá también hay hartazgo social con algunos indicios de rebeldía ciudadana que por ahora se han limitado a reproches públicos, reseñados en los medios de comunicación, específicamente por el problema de la inseguridad pública que no ha sido puesto bajo control por ninguno de los tres niveles de gobierno.
A la profunda inseguridad pública se agrega la permanente crisis económica del país con el desplome del Producto Interno Bruto a menos de 1 por ciento para el cierre de este año y un pronóstico de menos 4 por ciento en el 2014, dígitos todavía muy pobres que no proyectan bienestar a las mayorías empobrecidas.
En fin, creemos que el Poder Público comete un error al tratar de “empoderar” a los ciudadanos porque quienes están en la carrera del servicio gubernamental no están preparados para compartir el poder ni abrirse al escrutinio popular, como tampoco a legislar la facultad de los ciudadanos para echar a los gobernantes.
En la sesión del martes 12 de noviembre, la diputación priista pagó los platos con la ira desatada en las galerías del recinto del Congreso local donde simpatizantes con la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana demandaron a gritos al coordinador Edgar Romo tomara una postura ante la Tribuna: “¡que hable Romo!”, otros gritaban “¡traidores!”, “¡mentirosos!”.
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Los dientes del auditor “inferior” del congreso quedaron amellados porque sus dictámenes sancionadores nomás no van a tener efectos. Haiga sido como haiga sido, la imagen y la autoridad moral del auditor quedó minusválida. ¿Renunciará el jefe de auditores?
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Sobre el tema, el dirigente del PRI estatal, Eduardo Bailey cuestionó la objetividad y la capacidad profesional del auditor y su cuerpo de fiscalistas con motivo de los dictámenes que prácticamente condenan a algunos alcaldes, por ejemplo el ex de Juárez, Luis García, según porque las irregularidades detectadas a su administración no ameritan que se le finque denuncia penal. En todo caso, dijo, podría haber –si hay responsabilidad- una sanción administrativa.
Bailey agregó que si el criterio del Auditor se ejerciera de igual manera sobre otros exalcaldes y aún sobre los actuales, no quedaría un munícipe bueno.
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Abundó que elevará de manera formal, con base a la Ley de Transparencia, una solicitud para que se le informe sobre el perfil, curriculum y afiliación partidista de las personas que integran el equipo de la Auditoría Superior, con el fin de “acallar o aclarar” las dudas sobre su desempeño en la revisión de las cuentas públicas.
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Dijo Bailey que el Auditor del Congreso del Estado incurre en errores claros de interpretación de la ley. “Nosotros cuestionamos el profesionalismo” y la objetividad del auditor en la integración de los dictámenes, señaló.