Política y Gente

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Por Pedro García
Cancún, Quintana Roo. Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, indicó que se requiere la reforma energética para el país, ya que de esta forma disminuirá el precio de la luz y el gas, no así, aclaró, el costo de la gasolina (La Jornada, 5 de nov.).
Entrevistado antes de la inauguración del Congreso Mundial de Energía Solar que se celebra en aquel polo turístico, el funcionario afirmó que las tarifas no pueden reducirse por decreto presidencial, y reiteró que la enmienda busca que se genere más gas.
Este columnista ya había asentado el equívoco del gobierno de Peña al asegurar a los mexicanos que con el desmonte del monopolio energético (PEMEX, CFE y otros del sector) las tarifas van a bajar, y es lógico, porque los precios y tarifas están sujetos al movimiento del mercado: oferta y demanda.
Aunque Coldwell dice que sí se reducirán las tarifas de la luz y gas, nosotros tampoco estamos de acuerdo, por la sencilla razón de que los inversionistas que se animen a entrar a las concesiones energéticas no aceptarán que desde el gobierno se les impongan los rangos de precios y tarifas, toda vez que estos se imponen de acuerdo con los costos de operación de una empresa.
Cuando el gobierno federal deje de tener control (si es que lo deja la oposición y sectores sociales) sobre los energéticos ya no puede hacer y deshacer en el manejo empresarial de la explotación de dichos recursos naturales porque estarán en manos de empresarios. En fin.
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¡Ándenles, así sí!…La sesión del congreso de Nuevo León del martes 5 de noviembre transcurrió en una relativa armonía y condescendencia entre los grupos legislativos del PRI y PAN que acordaron la aprobación de distintos puntos de acuerdo en Asuntos Generales. Unos y otros mostraron voluntad política para facilitar los acuerdos sobre las defensas partidaristas.
Uno de los asuntos fue el que subió a Tribuna el diputado Alberto Serna de León de la asignación de un contrato millonario por parte del municipio de San Pedro para la instalación de cámaras para detectar la comisión de delitos, caso en el que hay cifradas sospechas de irregularidades. Ahí apoyó la moción el panista Luis David Ortiz.
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Otro caso fue el de la propuesta de Carolina Garza, del PAN, al externar la preocupación de los viajeros por la inseguridad en las carreteras a Nuevo Laredo y Reynosa donde ha habido robos de vehículos e intentos de secuestro. El punto de acuerdo a medida de exhorto se dirigirá a las instancias federales para que implanten medidas policiacas para garantizar la seguridad de los automovilistas que circulen por las rúas de Nuevo León con rumbo a la frontera norte.
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En ese punto, el diputado Juan Manuel Cavazos se salió totalmente del cuadro al proponer una adición al proyecto para exhortar a la población a consumir lo que se consume en el país, a propósito del “Buen fin”. Definitivamente, el diputado Cavazos se salió del tema pues lo que propuso nada tenía que ver con la moción de la panista. Amén de que, históricamente, los regiomontanos siempre han ido a chivear al Valle de Texas o hasta con un propósito de solaz, en uso de su libertad individual. Lo de fondo es la falta de seguridad en las carreteras.
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En regiones como Oaxaca, la gente sigue padeciendo la discriminación según lo publicado en el diario El Universal de la ciudad de México al siguiente tenor:
Ruth tuvo a un hijo varón, es atendida en el Hospital Civil, sin embargo, el parto fue en la calle, de madrugada y sin asistencia médica. Adriana Hernández, madre de Ruth, narra que acompañó a su hija a la clínica de San Antonio de la Cal «porque ya tenía dolores de parto». Cuando llegó, el doctor Adán Hernández estaba durmiendo. El guardia lo despertó y en tono molesto le dijo «por unos simples dolores vienen acá».
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El centro de la República registra una rebelión social, auténticos estallidos de población, ante la falta de seguridad policiaca o el abuso de esta fuerza, pues en Puebla la gente la tomó contra el palacio municipal (La Jornada): “Pobladores queman la alcaldía y dos inmuebles de edil en Puebla”.
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A ciencia y paciencia del gobierno, cientos de empresas del país dan de baja del IMSS cada mes a cerca de un millón de trabajadores para evitar que formen antigüedad y ahorrar el pago de prestaciones y los vuelven a dar de alta el mismo día de la baja con el objetivo de evadir las obligaciones fiscales y laborales. Y todavía quieren más laxitud de la Ley Federal del Trabajo.

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