La accesibilidad no debería ser un añadido de último momento ni un gesto opcional. Bajo ese argumento, el diputado local del PRI, Héctor Morales Rivera, presentó una iniciativa para reforzar la obligación de garantizar accesibilidad universal en Nuevo León y, al mismo tiempo, aumentar de manera considerable las sanciones a quienes incumplan.La propuesta contempla reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como a la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En total, se modificarían los artículos 22, 30, 48, 97, 137, 205, 212, 353 y 383 de la primera legislación, además del artículo 33 de la segunda.Desde tribuna, el legislador argumentó que en la entidad más de 220 mil personas viven con algún tipo de discapacidad, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, y enfrentan diariamente obstáculos físicos que limitan su movilidad y autonomía.Sostuvo que las barreras en banquetas, edificios, transporte y espacios públicos no son simples fallas técnicas, sino factores que excluyen y restringen la participación plena en la vida social. Por ello, la iniciativa establece que tanto autoridades como desarrolladores inmobiliarios deberán garantizar condiciones de accesibilidad universal desde la planeación de los proyectos, y no como una corrección posterior.Uno de los puntos centrales es el endurecimiento de las multas. Actualmente, las sanciones van de 200 a 2 mil unidades de medida; con la reforma, las penalizaciones por incumplir normas de diseño, señalización y accesibilidad aumentarían de 5 mil a 10 mil UMAS, mientras que otras faltas consideradas graves podrían alcanzar hasta 15 mil.El diputado señaló que, frente a desarrollos que generan ingresos por decenas o incluso cientos de millones de pesos, las multas vigentes resultan insuficientes y no representan un incentivo real para cumplir la ley.Afirmó además que la propuesta se sustenta en criterios de proporcionalidad y equidad, de manera que las sanciones correspondan tanto a la gravedad de la infracción como a la capacidad económica del infractor.El objetivo, aseguró, no es castigar por castigar, sino generar un efecto preventivo que obligue a que la accesibilidad sea una regla permanente en el desarrollo urbano del estado y no una excepción.
