La comisión estatal de derechos humanos hizo un llamado a las autoridades sanitarias, a fin de que adopten medidas para garantizar el derecho a la salud de la población.
Ante el incremento en la ocupación hospitalaria, que acorde a distintos medios de comunicación se encuentra en un 78%, deben implementarse medidas para garantizar la disponibilidad de servicios médicos para las personas que requieran ser internadas en una institución de salud.
Como lo ha establecido el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de Naciones Unidas, para responder a la COVID-19 con un enfoque basado en los derechos humanos, es preciso contar con una cobertura universal y sistemas sanitarios robustos que pongan las pruebas y el tratamiento al alcance de todas las personas que los necesiten.
Acorde a los estándares internacionales, el derecho a la salud incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación.
Por último, se exhorta respetuosamente a la población a cuidarse y cuidar a los demás, así como a cumplir las recomendaciones sanitarias a efecto de favorecer la reducción de los contagios.