La importancia del desarrollo de capital humano para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes; la inminente necesidad de enfocar más recursos presupuestales a las instituciones encargadas del tema, y el llamado a hacer efectivas las leyes de protección de la infancia, fueron algunos de los temas tratados por expertos, académicos y miembros del sector público el cuarto Diálogo por la Paz y la Justicia organizado por Consejo Cívico, la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey y la organización Creando Comunidad.
El panel moderado por Mariana Gabarrot, investigadora del Tecnológico de Monterrey, estuvo integrado por Gloria González-López, profesora de Sociología de la Universidad de Texas en Austin; Jonathan Castillo, subprocurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el DIF de Nuevo León; Alejandro Morton, director de la infancia y Familia del DIF del Municipio de Monterrey; y Jorge Gómez, coordinador Save the Children Oficina Nuevo León, quienes partieron de la pregunta: ¿Qué falta para prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes en NL?
De acuerdo con Jonathan Castillo, los niveles Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben partir de la voluntad de aplicar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León y visibilizarse como sujetos de derechos. Asimismo que las instituciones dejen a un lado la actitud “adultocentrista” y las políticas públicas puedan traducirse en acciones afirmativas a favor de la infancia de Nuevo León.
Por su parte, Alejandro Mortón coincidió que para aplicar la legislación vigente se tienen que asignar los presupuestos suficientes en los proyectos de egresos dirigidos a las instituciones encargadas de la protección, de tal forma que las leyes cumplan con los estándares establecidos, se logren avances necesarios, y se desarrolle el capital humano de Nuevo León necesario para atender y proteger a la infancia y adolescencia.
Gloria González-López sostuvo que para que una sociedad sea verdaderamente democrática, hay que democratizar a las familias. Asimismo habló de la ética familiar, y la necesidad de que las políticas públicas prioricen los nuevos modelos de parentalidad y cuidados de la comunidad hacia la niñez y adolescencia.
Jorge Gómez consideró que si bien las leyes reconocen y garantizan los derechos en el papel, es necesario socializar y comunicar sus alcances para que la población pueda exigir su aplicación. Sostuvo que es importante pasar de la simulación a acciones concretas que generen cambios positivos a favor de las niñas, niños y adolescentes.
Los participantes en el panel consideraron que es crucial la selección de expertos para estos temas, y que se cuide la salud mental de los funcionarios públicos en la primera línea de atención a través de tratamientos psicológicos oportunos.
Las aportaciones de los especialistas a esta agenda pública serán compartidas con el equipo de Gobierno estatal entrante, así como con los alcaldes electos y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura para que puedan ser tomados en cuenta en la consolidación de políticas públicas para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Nuevo León.