Con el propósito de que la Secretaría de Educación emita un reglamento sobre las titulaciones para que exista un tabulador en el cobro, el Diputado Héctor García, presentó iniciativa de reforma a la Ley de Educación en el Estado de Nuevo León.
Héctor García presentó iniciativa de reforma por adición de una fracción X recorriéndose las subsecuentes al artículo 21; modificación de las fracciones V y VI y adición de una fracción VII al artículo 109 de la Ley de Educación del Estado.
En lo que respecta a Nuevo León, después de cuatro o cinco años de carrera, pagos mensuales o semestrales de colegiaturas, libros, materiales etc. el estudiante graduado debe realizar un último pago: el de su titulación. Conforme a cifras proporcionadas por estudiantes en nuestra Entidad el costo ronda los 7 mil y 20 mil pesos dependiendo la institución académica en la que se haya estudiado, así como el paquete o papelería que se busque obtener.
La Universidad Autónoma de Nuevo León publica los costos y trámites de titulación, por ejemplo las actas de examen y cedula profesional de maestría y licenciatura cuestan 6,140 pesos cada una. La carta o diploma de pasantía 790 pesos. Por otra parte el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) cobra desde 8 mil pesos hasta los 26 mil pesos aproximadamente por la obtención del título profesional. En ese sentido, los elevados costos causan que un gran número de estudiantes terminen sus estudios pero no tramiten su título profesional, debido a la falta de capacidad económica para solventar la tramitación, situación que los deja en un estado de vulnerabilidad al buscar una posición laboral adecuada que les genere los ingresos necesarios para subsistir.
Por lo tanto, es necesario que las instituciones particulares de educación superior y las reguladas en el artículo 55 de la Ley de Educación del Estado en ningún caso condicionen la aplicación de evaluaciones o exámenes para obtener el título profesional al pago de contraprestación alguna, así como la creación de un tabulador general que determine y regule los montos de los cobros que se realizarán para la obtención del título profesional.
La propuesta fue turnada a las Comisiones unidas de Legislación y Educación, Cultura y Deporte para su análisis correspondiente.