Como una medida que va relacionada a la calidad educativa y el combate a la
obesidad infantil, la Cámara de Diputados aprobó una reforma legal para que
todos los planteles educativos, públicos y privados, cuenten con
bebederosde agua potable, informó Héctor Gutiérrez de la Garza.
El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de
Diputados uno de los promotores de la reforma a la Ley General de la
Infraestructura Física Educativa, explicó que uno de los objetivos es
combatir la obesidad al retomar el hábito del consumo de agua en la escuela
mediante los bebederos.
La iniciativa firmada también por el coordinador, Manlio Fabio Beltrones
Rivera, y los legisladores Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Manuel Añorve
Baños y Adriana Fuentes Téllez, busca que los niños tengan una opción sana
y así eviten el consumo de bebidas azucaradas.
«Recordemos que la obesidad es un problema muy fuerte que tenemos en el
país y ya no sólo en adultos, ya la tenemos en niños, debemos darles esa
opción de un consumo saludable, por eso nuestra propuesta de que se equipen
las escuelas con bebederos y estos cuenten con agua potable para fomentar
hábitos saludables».
Gutiérrez de la Garza dijo que según las estadísticas de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa segundo
país con más obesidad en adultos y con 5.6 millones de niños que enfrentan
el padecimiento.
El legislador destacó el compromiso del GPPRI con la niñez y la calidad
educativa, que dio origen a la iniciativa que presentaron en noviembre del
2013 en la Cámara Baja.
Apuntó que esto vendrá a contribuir a los esfuerzos que hacen las
entidades, entre ellas Nuevo León, para abatir los problemas de obesidad
entre sus niños y jóvenes.
El dictamen establece que luego de la publicación del Decreto, en un plazo
máximo de tres años, con la colaboración del Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa, todas las escuelas públicas deberán
contar con bebederos escolares con oferta suficiente de agua potable para
consumo humano mientras las particulares tendrán 18 meses para cumplir la
normativa.