El PRI en la Cámara de Diputados rechazó la violencia institucional que se ejerce en contra de las mujeres y niñas de este país, desde todos los órdenes y niveles de gobierno. Nuestra responsabilidad es proteger a las víctimas, no defender a los agresores.
En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y a un año de las poderosas manifestaciones y del paro de mujeres de marzo de 2020, hacemos un llamado a las autoridades a entender a los movimientos feministas como demandas legítimas al Estado mexicano, que es preciso decirlo, ha fracasado en su obligación de garantizar los derechos de las mexicanas.
Hemos cambiado las leyes, impulsado políticas y mejorado las instituciones, pero no se ha resuelto el problema, millones de mujeres y niñas siguen siendo víctimas de injusticias y discriminación por su condición de género al nacer.
Candidatos, líderes de partidos, diputados locales y federales, senadores, jueces, magistrados y ministros, titulares de los poderes ejecutivos municipales, estatales y federal, tenemos la responsabilidad moral y legal de evitar que agresores de mujeres sigan o lleguen al poder político. No se le puede fallar a las víctimas.
Es preciso que desde todas las esferas del poder se apoyen propuestas que vienen de la sociedad civil, para que se institucionalice la 3 de 3 contra la violencia, evitando que quien tenga acusaciones, denuncias o sentencias por ser deudores alimentarios, agresores sexuales o responsables de violencia familiar, aspiren a ocupar algún cargo de servicio público; pues quien viola un derecho no puede estar facultado para tutelarlo.
En una nación como la nuestra en la que cada cuatro minutos se viola a una de nuestras niñas, jóvenes o adultas; cada día son asesinadas alrededor de 11 mujeres que son hijas y madres, y hay millones de víctimas sin sentencia ni justicia, es indignante e inaceptable que desde el poder se abra la puerta a la impunidad.
Para que los discursos se conviertan en hechos, se debe romper el pacto que protege y calla frente a los presuntos agresores, ese pacto que mantiene viva la violencia en contra de nuestras niñas y mujeres en todo el país.