En el marco del Día Internacional de las Personas Periodistas, que se conmemora cada 8 de septiembre, la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, Susana Méndez Arrellano, y periodistas de distintos medios de comunicación, firmaron un Pliego Petitorio dirigido a los tres poderes públicos del Estado, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión.
En su mensaje, la Ombudsperson estatal señaló que, en los últimos años, Nuevo León ha experimentado un incremento en las violaciones a los derechos de las personas periodistas.
“Desde el 2020 hasta agosto de 2024, se han registrado 28 casos, 24 corresponden a mi administración, de los cuales en 8 se proporcionaron atenciones diversas y se aperturaron 16 expedientes de queja, 6 de oficio y los restantes a petición de parte, que incluyen detenciones ilegales y arbitrarias, uso desproporcionado o indebido de la fuerza, intimidación, censura, amenazas y agresiones directas”, detalló Méndez Arellano.
Susana Méndez Arellano, comentó que existe un ofrecimiento de la Organización Internacional Artículo 19, para elaborar un protocolo de actuación en Nuevo León, en el que se establezca como debe ser la relación entre las fuerzas de seguridad y la prensa, acorde a los estándares en materia de libertad de expresión, por lo que se encuentran a la espera, que a más tardar el próximo 18 de septiembre, se tenga una respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado y manifieste su disposición y voluntad para recibir este apoyo, ya que de lo contrario se perdería este fondo de cooperación internacional.
En el documento se solicita:
1. Elaborar, discutir y aprobar una ley integral a nivel local que garantice de manera plena la libertad de expresión y la seguridad para quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Esta ley debe:
1.1 Adoptar una definición inclusiva de persona periodista y de persona defensora de los derechos humanos, acorde a los estándares internacionales.
1.2 Incluir disposiciones que aseguren el respeto al secreto profesional y a la libertad de conciencia, así como el acceso libre y preferencial a las fuentes de información.
1.3 Contemplar un mecanismo de protección para las personas periodistas y defensoras de los derechos humanos, que involucre a autoridades estatales, municipales y organismos autónomos.
1.4 Prever criterios objetivos para regular la publicidad gubernamental en los medios de comunicación, para evitar la influencia indebida sobre los contenidos editoriales, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas.
2. Realizar una discusión sobre los marcos normativos que limiten la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pública, a efecto de su reforma o derogación.
3. Diseñar un protocolo de coordinación para la protección de personas periodistas y defensoras de derechos humanos, que involucre a autoridades estatales, municipales y organismos autónomos.
4. Adoptar directrices de actuación en las que se establezca cómo debe ser la relación entre las fuerzas de seguridad y la prensa, acorde a los estándares en materia de libertad de expresión y de seguridad ciudadana.
5. Crear una política pública que promueva la igualdad y el pluralismo en los medios de comunicación, lo que podría incluir la regulación del uso y distribución de la publicidad oficial.
6. Fortalecer a las instancias de prevención, persecución e investigación de delitos y faltas contra personas periodistas y defensoras de los derechos humanos, en la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial, del Estado de Nuevo León, para que se actuación sea bajo los principios de debida diligencia y el enfoque de derechos humanos, a efecto de que se identifiquen, prevengan, mitiguen y se responda a los riesgos en el ejercicio periodístico y en la defensa de los derechos humanos.