La diputada local de Movimiento Ciudadano, Karina Barrón Perales, exigió al Gobierno del Estado no intervenir en la elección extraordinaria del municipio de Monterrey, y mejor dedicarse a buscar los recursos necesarios para el proceso electoral del próximo 16 de diciembre.
Esto a raíz del anuncio hecho por el Ejecutivo estatal acerca de que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se hará cargo de la seguridad de Monterrey argumentando un supuesto vacío de poder, el cual aseguró la diputada, no existe.
“Desde cualquier lado que se vea, la decisión que tomó el Ejecutivo es nada más de que quiere meter mano en los comicios y en las próximas elecciones, es claro que quiere intervenir en el proceso electoral de Monterrey”.
“El gobernador lo que debe hacer ahorita junto con el Tesorero, es que tienen que buscar de dónde van a sacar el recurso que se requiere para las próximas elecciones, es muy claro que es un tema político y que quieren intervenir en las elecciones”.
“Hay un encargado en el municipio, no hay una emergencia tal para que quiera venir a tomar posesión de la seguridad pública del municipio de Monterrey, es más la Policía de Monterrey ni siquiera ha pedido su intervención, es muy claro que es un tema político”.
“Hago un llamado enérgico al gobernador, que lo que debe hacer el gobernador y el Secretario de Seguridad Pública, es asegurad al menos las colonias que le corresponde a ellos guardar la seguridad, que ni siquiera lo están haciendo bien, lo que deben hacer es gobernar en el estado”.
“El gobernador con esta decisión y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, contribuyen a desestabilizar el proceso electoral, a desestabilizar la base que tiene el municipio, el municipio sigue operando de manera normal, yo creo que el gobernador debe ocuparse de temas en donde realmente si tiene conflictos en su gobierno”.
Karina Barrón explicó que la Ley de Seguridad Pública expresamente señala que el Estado podrá intervenir solo frente a hechos que afecten o puedan afectar la seguridad pública, particularmente tratándose de delitos de alta reincidencia, de alto impacto social o que la ley penal califica de graves, por lo que no se encuentran fundamento para que intervenga.
Por ello dijo que el Poder Ejecutivo tiene que respetar la autonomía municipal, además de que la policía Municipal no ha pedido su intervención.