A través de la conferencia “Violencia Política contra las Mujeres”, a cargo de Myrna Elia García, Directora de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León; este 30 de noviembre, la Comisión Estatal Electoral promueve la campaña “Únete para poner Fin a la Violencia Política contra las Mujeres”.
Desde el pasado 25 de noviembre, junto con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de N.L., la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Tribunal Electoral del Estado, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se comenzaron a realizar actividades.
En su mensaje de apertura del evento, el Consejero Electoral, Luigui Villegas, dijo que es necesario que los hombres se involucren en este tipo de eventos que tienen como propósito impulsar a la reflexión. Actualmente las estadísticas sobre la representación política de las mujeres en México difieren mucho de la realidad social, porque basta ver que, de 32 gubernaturas en México, sólo una entidad es gobernada por una mujer; a nivel municipal, solamente el 5.4 por ciento de los municipios son gobernados por mujeres, es decir, de los 2 mil 440 municipios que componen el País, solamente hay 132 alcaldesas.
“La violencia política son todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos políticos-electorales, tengan por objeto o resultados, menoscabar o anular el ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”, manifestó.
Este tipo de condición, destacó, puede ser ejercida por el Estado, por superiores jerárquicos, subordinados, colegas de trabajo, partidos políticos o por medios de comunicación; de forma simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física o sexual. Entre los ejemplos comunes de violencia política, citó los registros simulados de candidatas que renuncian a sus cargos para cederlos a suplentes varones, el registrar a mujeres exclusivamente en distritos perdedores, las amenazas a las mujeres electas, la inequidad en las distribución de los recursos para las campañas y el uso inadecuado que dan los partidos al presupuesto destinado a la capacitación del liderazgo político de las mujeres.
Argumentó que la violencia política no está tipificada como delito en el país, pero que ésta podría actualizar dos de los tipos penales establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales: la obstaculización en el ejercicio de las tareas de las y los funcionarios electorales, y la realización de actos que provoquen temor o intimidación al electorado.
A este evento asistieron las Consejeras Electorales, Miriam Hinojosa, Sara Lozano y Claudia Patricia de la Garza; el Secretario Ejecutivo de la CEE, Héctor García; así como representantes de la CTAINL, la CEDH, el TEE, el TEPJF, y el Instituto Estatal de las Mujeres.