Una vecina del municipio de Mina denunció ante Felipe de Jesus Cantú, candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León, la afectación que han sufrido 305 ejidatarios por la compra ilegal de parcelas de uso común en el que estarían involucrados el padre y los hermanos del Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.
Este tipo de propiedades, de acuerdo a la legislación agraria, no pueden ser comercializada por no estar delimitadas sus dimensiones y solo están destinadas para la función agrícola entre sus copropietarios.
De acuerdo a documentos notariados, y en posesión de los denunciantes, 2 mil 430 hectáreas de uso común fueron adquiridas por varias personas entre las que figuran los nombres de Ricardo Humberto Ricardo Medina Ainsle, así como Alejandro y Humberto David Medina de la Cruz, padre y hermanos del mandatario estatal.
El hecho fue expuesto por María de los Ángeles Padilla Cisneros casi al final del evento proselitista que Cantú encabezaba en ese municipio como parte de una gira que el político realizó además por los municipios de Abasolo, Hidalgo y El Carmen.
“Lo que más duele es que estén involucradas personas allegadas al Gobernador y que no estemos teniendo una respuesta de justicia por parte de las autoridades. Es una denuncia de abuso por la compra porque les están pidiendo que firmen por una cantidad y les dan una cantidad menor”, declaró Cantú.
Dijo que apoyará a los afectados y mantendrá seguimiento al caso, ya que las autoridades se han negado a apoyarlos de alguna forma.
La afectada explicó que todo inició en diciembre del 2013 cuando su sobrina María del Rosario Padilla Martínez, actualmente comisariada del Ejido Mina-Mina, convocó a una asamblea para proponerles vender, a un precio irrisorio, 2 mil 430 hectáreas de uso común a una persona a quien identificó como Héctor Martínez Martínez, aparentemente colaborador en el gobierno estatal.
“Nos pidió vender (la comisariada), pero para que nos pagaran la mensualidad teníamos que entregar los certificados de uso común firmados por todos los propietarios, y con eso los abogados se aprovecharon para hacer la operación de la compra de terrenos en la notaria 132, con el licenciado Armando Hernández Berlanga”, comentó la afectada.
Por la operación, dijo la mujer, les ofrecieron 40 millones de pesos a repartir entre los afectados; ofreciéndoles un adelanto de 30 mil pesos y el resto a pagar en 20 mensualidades, la primera por un monto de un millón 439 mil 600 pesos y las restantes de un millón 543 mil.
Sin embargo, aseguró que aunque la comisariada les ha pagado 10 mensualidades, estás son por un monto de 4 mil 400 pesos, y no por los 5 mil 060 pesos que les corresponde, cantidad que envía Martínez Martínez y de la cual no extiende comprobante.
Los terrenos, de acuerdo a la denunciante, se ubican en las zonas conocidas como El Cócono, La Yesera y Los Guerra, sectores adyacentes al área donde aún se construye el Penal de Mina, donde trascendió puede darse una probable detonación comercial.