La Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó los Lineamientos del Programa Especial de Colaboración de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para personal de la institución.
A fin de establecer directrices para el personal de la Comisión, que coadyuvará en la implementación de acciones de apoyo a familiares y/o personas denunciantes de desaparición de personas o no localizadas, la Presidenta Olga Susana Méndez Arellano puso en marcha el programa.
“Tenemos una gran necesidad de atender este problema”, dijo Méndez Arellano.
“Hemos establecido un programa especial de colaboración de búsqueda de personas desaparecidas para conocer e investigar quejas relativas a personas de las que se desconoce su paradero, y cuya desaparición puede involucrar la participación de alguna autoridad de Nuevo León, a fin de determinar la existencia o no de violaciones a derechos humanos”.
A la fecha, explicó la Presidenta de la CEDHNL, hay 82 mil 149 personas desaparecidas en México, mientras que en Nuevo León son 4 mil 417 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
“No es cuestión de números, porque basta con una sola persona desaparecida para que esto sea inaceptable”, señaló la ombudsperson.
“Hay un panorama adverso que están viviendo las familias, y resulta necesario que las instituciones públicas atiendan esta situación, desde el ámbito de su competencia”
El documento establece que todo el procedimiento a seguir desde que se recibe una queja en la Comisión, el ofrecimiento de los distintos servicios de apoyo, la apertura de un expediente de colaboración de búsqueda y localización de la persona, así como el seguimiento de la actuación de las autoridades competentes de su investigación.
Estos lineamientos incluyen también el seguimiento del Centro de Atención a Víctimas de la CEDHNL, para dar acompañamiento, atención médica y psicológica a familiares de las personas desaparecidas.
Además, implementa un mecanismo de búsqueda mediante solicitudes de información a distintas autoridades locales de la entidad, así como a los demás organismos protectores de derechos humanos de las entidades federativas para ampliar la divulgación de la búsqueda de la persona.